Esperan garantías del Estado para inicio de clases universitarias

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) sostiene que el anuncio del reinicio de clases presenciales en todos los niveles educativos a partir del venidero mes de octubre, solo puede darse si el Estado garantiza, al menos, lo siguiente: infraestructuras adecuadas para el desarrollo de actividades académicas, servicios básicos, implementos de estudio, transporte, atención médica, seguridad y salarios justos.

En un comunicado publicado el pasado 10 de septiembre, los académicos sostienen que Para la ejecución tardía de la vacunación anti-COVID-19 en universidades autónomas, no es una es la única condición indispensable para el regreso a las aulas.

Asimismo refieren que esas condiciones indispensables para el reinicio de clases presenciales, se podrían cumplir con presupuestos acordes, pero que en el caso de Venezuela no lo son desde hace al menos 16 años, cuando se inició la reducción de las partidas presupuestarias del sector universitario.

Espacios desmantelados
“Solo durante la pandemia por la COVID-19, entre marzo de 2020 y agosto de 2021, el ODH-ULA ha contabilizado 347 actos de vandalismo en espacios de 16 universidades públicas del país, que incluyen robos, hurtos, invasiones y destrucción. Además, debido a la asfixia presupuestaria, la falta de mantenimiento de espacios ha causado su progresivo deterioro, llevando a la inhabilitación de algunos por no ser aptos para la salud humana”, resalta el informe.

Destacan que el desmantelamiento de las universidades públicas del país ha implicado la disminución de implementos de estudio básicos para el desarrollo de clases teóricas y prácticas. Estas carencias afectan a laboratorios, bibliotecas, auditorios y aulas de clase, que no cuentan con los recursos materiales mínimos necesarios para profesores y estudiantes. “Antes de la pandemia ya eran insuficientes y debían ser adquiridos o donados por la propia comunidad universitaria”.

Servicios básicos
Apuntan que las universidades públicas venezolanas no cuentan adecuadamente con servicios básicos ya sea por falta de presupuesto para pagar facturas, por actuación de la delincuencia o por las fallas que los mismos presentan.

“Solo en la Universidad de Carabobo (UC), en ninguna de las facultades de su Núcleo central hay servicio de agua desde hace cuatro años. En la ULA, la mayoría de los baños están deteriorados por robo de piezas, situación que se repite en todas las universidades autónomas”, describen.

A esto se suma las constantes fallas del servicio eléctrico, el hurto de bombillos, cables y otras piezas. Las deficiencias de los servicios de telecomunicaciones y la obsolescencia de equipos y sistemas de tecnología también limita la realización de clases presenciales.

Durante el periodo de la pandemia, la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios de la Universidad de Los Andes ha reportado más de una veintena de averías en equipos por fluctuaciones de voltaje y apagones.

El servicio del transporte tampoco está garantizado para que estudiantes, profesores y trabajadores se trasladen a las universidades para asistir a clases presenciales. Las rutas estudiantiles están casi extintas por el mal estado de las pocas unidades de transporte que siguen en funcionamiento. No hay presupuesto para repuestos ni el régimen ha informado cómo sería el abastecimiento de combustible a las mismas en el contexto de la escasez de gasolina y gasoil que hay en el país.

El transporte público también es limitado en todo el país y el costo de un pasaje urbano es inaccesible para alumnos, docentes y trabajadores, debido a la precariedad de las becas estudiantiles y de los sueldos universitarios.

Atención médica y seguridad
Contar con atención médica, más aún en un contexto de pandemia, es indispensable para el reinicio de clases presenciales. Los servicios sanitarios de las universidades públicas del país están prácticamente inhabilitados, por no contar con los recursos mínimos de atención.

En cuanto a la seguridad, la cantidad de robos y hurtos cometidos en las universidades dan cuenta de la falta de la misma. Los irrisorios salarios impiden la contratación de personal de vigilancia, que ha renunciado masivamente y cuya seguridad propia está en riesgo en el cumplimiento de sus funciones por no contar con implementos básicos para hacer su trabajo.

Salarios
Además de todo lo expuesto, los sueldos de los trabajadores y profesores universitarios constituyen el principal factor de rechazo al reinicio de clases presenciales. El mayor salario que recibe un profesor universitario ronda al cambio apenas 10 dólares mensuales. Aunado a ello, la IV Convención Colectiva Única del sector universitario (IV CCU), de cuya discusión se excluyó a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y otras asociaciones de profesores y sindicatos de trabajadores universitarios, viola derechos laborales y derechos humanos.

Dentro de este panorama, la ODH-ULA exhorta a las autoridades competentes a velar por la garantía de los derechos educativos y laborales como derechos humanos de segundo orden, cuyas condiciones indispensables para su goce está establecida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor desde el 3 de enero de 1976.

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