Fuente: https://ucvnoticias.wordpress.com

Tal como informó Argelia Castillo, Secretaria General del Sindicato Nacional Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la UCV, entre las exigencias que se reflejan en el pliego petitorio, está el «que se respete y garantice el cumplimiento de los derechos laborales contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes y acuerdos internacionales suscritos por la nación».

Asimismo, «que se suspenda la aplicación del instructivo enviado por la OPP-PAF “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Publica, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas estratégicas” para la aplicación del incremento salarial, mejor conocido como el “Instructivo ONAPRE”, por ser un mecanismo que contraviene el Contrato Colectivo Único del sector así como las diferentes normativas internas de cada institución universitaria, atentando contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras universitarias, vulnerando y menoscabando los derechos laborales garantizados por la Constitución, lo cual es nulo tal como se estipula en su artículo 89″.

Por otra parte, exigen «se deje sin efecto el memorándum Nº 2792 emanado del Ministerio con competencia en materia laboral de fecha 11 de octubre de 2018, en el cual se fijaron los lineamientos para las negociaciones colectivas de trabajo desconociendo los  derechos contractuales y salariales establecidos en el Art. 89 de la Constitución, toda vez que viola los derechos de intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales».

De igual forma, solicitan que «se dote a las universidades de los recursos económicos que permitan brindar a su personal condiciones laborales (transporte, alimentación, insumos, herramientas de trabajo) e implementar medidas de bioseguridad a toda la comunidad universitaria, a fin de reactivar las funciones en el sector universitario».

Mesa de discusión legítima

Otra de las exigencias que aparecen reflejadas en el documento entregado hoy en la sede ministerial, hace referencia a la instalación de «una mesa de discusión con todos los legítimos representantes de las Federaciones de los trabajadores universitarios (profesores, profesionales, administrativos y obreros) para tratar los temas que afectan al sector, en una verdadera Convención Colectiva».

Representantes gremiales de distintas universidades presentes en la sede del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo.

Asimismo, en el documento exigen se «convenga un salario que permita a los trabajadores vivir con dignidad, satisfacer las necesidades y cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, en correspondencia con lo establecido en el Art. 91 de la CBRV (vigente)».

Además, que «se garantice la previsión social del trabajador universitario (Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad; Servicio Funerario; Seguro de Vida, Deporte y recreación,  Planes vacacionales, entre otros)».

Expresan en ese sentido, que «actualmente, el SISMEU no cubre las necesidades de la familia universitaria. Los montos de cobertura HCM no se ajustan a la realidad del país, razón por la cual no es aceptado en ninguna clínica a nivel nacional, en consecuencia, no permite atender ninguna patología ni siniestralidad».

A su vez, «en lo que respecta al servicio funerario, éste no se corresponde con el 100% de un servicio básico tal como lo indica la convención colectiva. Los demás componentes de la previsión social, son inexistentes», destaca el pliego.

Sin olvidar a los jubilados

Otro de los aspectos que resalta el pliego de peticiones del sector universitario, es el referido a la necesidad de que «se indexen las prestaciones sociales del personal jubilado, ya que desde el 2012 no se han honrado los pagos, violando el artículo 92 de la CRBV y los artículos 141, 142,143 y 146 de la LOTTT».

De igual forma, exigen «se respete la homologación salarial y de beneficios para el personal jubilado, pensionado y sobreviviente en las mismas condiciones y medios de pago que al personal activo», y que se «cancele prontamente a los empleados universitarios el fideicomiso y el 8,5% de los activos retenidos desde hace más de 2 años».

Por otra parte, hacen énfasis en la necesidad de que sean entregados «de manera oportuna los aportes por retenciones a las cajas de ahorros, institutos de previsión social y organizaciones sindicales, ya que, desde la migración de la nómina al sistema Patria, no se han entregado, violando el artículo 92 de la CRBV y el artículo 132 de la LOTT».