La UCAB activó red universitaria de asistencia jurídica gratuita para víctimas del doble terremoto
La universidad suscribió un convenio con la UCV, la UNIMET, la USM y la UMA para crear la Red CJ+, que brindará atención legal «estandarizada, eficiente y coordinada» a afectados por los sismos, a través del análisis de casos, asesoría, redacción de documentos y acompañamiento en trámites administrativos y procesos judiciales no contenciosos

Fuente: Prensa UCAB
Desde solicitudes de patria potestad de niños que perdieron a sus padres hasta la tramitación de actas de defunción o el manejo de casos de violencia doméstica, son muchas las situaciones que requieren orientación y acompañamiento tras el doble evento sísmico del 24 de junio.
Pensando en ello, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) suscribió un convenio con la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Metropolitana (UNIMET), la Universidad Monteávila (UMA) y la Universidad Santa María (USM), a través del cual se formalizó la creación de la Red de Clínicas Jurídicas Ampliadas (RED CJ+).
El acuerdo, firmado el pasado jueves 23 de julio, busca garantizar a las personas y comunidades afectadas por los terremotos atención gratuita, «estandarizada, eficiente y coordinada para la captación, triaje y distribución de los casos legales» relacionados con estos sucesos.
A través de sus respectivas clínicas jurídicas, cada una de las universidades participantes ofrecerá análisis de casos, asesoría, redacción de documentos legales y acompañamiento en trámites administrativos y procesos judiciales no contenciosos.
Esta atención tendrá un lapso inicial de dos años, prorrogables de forma automática hasta que las partes declaren el fin de la emergencia y certifiquen la resolución de todos los casos activos.
Un modelo estandarizado para una atención integral
Para evitar duplicar tareas y agilizar la atención, las universidades acordaron un plan de trabajo separado en tres fases: captación, triaje y acompañamiento. El proceso comenzará con una captación descentralizada, donde cada institución pondrá a disposición de las comunidades afectadas sus propios canales de contacto: un correo institucional y una línea telefónica única habilitada tanto para llamadas como para atención por WhatsApp.
Luego de recibir las solicitudes, la red aplicará un triaje y registro unificado para atender a todos bajo los mismos criterios. Los equipos legales levantarán la información inicial mediante un formulario de captación y una ficha de atención detallada, cuyos datos se vaciarán en una matriz compartida en la nube para hacer seguimiento en tiempo real y coordinado de cada solicitud.
Según se lee en el convenio, las instituciones con mayor capacidad operativa asumirán directamente los trámites judiciales no contenciosos, como tutelas, patria potestad o declaraciones de herederos. Entretanto, los reclamos comunitarios, administrativos o extrajudiciales en las áreas laboral, penal o de vivienda se atenderán de manera compartida con la red de voluntariado.
Del mismo modo, cada expediente se asignará a la casa de estudio más próxima al domicilio del solicitante, asegurando que la atención sea accesible y evitando traslados innecesarios para las personas afectadas.
Aquellos casos críticos, como la violencia de género en refugios, menores de edad no acompañados o adultos mayores en estado de abandono, tendrán prioridad absoluta para recibir asistencia presencial o telefónica de forma inmediata. Para lograr la atención oportuna, empática y responsable de cada caso, el personal voluntario recibirá capacitación psicológica por parte de la UCAB.
Universidades aliadas: «una respuesta eficaz, eficiente e inteligente»
En el marco de la firma, el rector Arturo Peraza, S.J., reconoció la disposición de las instituciones involucradas para consolidar este proyecto, evocando el legado del padre Luis María Olaso, epónimo de la Clínica Jurídica de la UCAB, en la promoción del voluntariado legal. Insistió en que las universidades deben unir sus distintas disciplinas y carreras para responder de manera integral a la realidad del país.
«La sistematización de las distintas universidades para poder ayudar a las comunidades vulnerables que han salido golpeadas es el modo eficaz, eficiente e inteligente de responder a las actuales circunstancias. El espíritu que nos guía a unirnos como universidades, es el que por encima de todo tenemos que atender a quien hoy necesita la ayuda de nuestras universidades», afirmó Peraza.
Por su parte, el rector de la UCV, Víctor Rago, resaltó la trascendencia estratégica del convenio, más allá de la coyuntura inmediata, e hizo un llamado formal a las autoridades nacionales a que consideren los aportes del sector académico en la fase de reconstrucción postsísmica.
«El aporte que están en capacidad de hacer las universidades movilizando sus pericias institucionales, sus grandes capacidades instaladas y su vocación de servicio son vitales para el país. Es muy conveniente que el gobierno nacional oiga la voz calificada de estas instituciones, porque su contribución a la prosperidad y a la superación de las dificultades para la conquista de la felicidad social es imprescindible», declaró Rago.
La directora encargada del Centro de Clínica Jurídica de la UCAB, Marialis Meneses, valoró el compromiso de los equipos universitarios para hacer viable esta iniciativa.
Además resaltó la importancia de articular la atención jurídica con otras dependencias, como el Centro de Derechos Humanos y otras unidades de la Dirección de Extensión Social de la UCAB, así como con carreras como Psicología y Educación, para ofrecer un abordaje integral a los ciudadanos vulnerables.
«Queríamos generar una sinergia de clínicas jurídicas ampliadas que no solo dé respuesta inmediata a la situación actual y acompañamiento a las personas afectadas, sino que impulse el desarrollo de buenas prácticas entre nuestros estudiantes de Derecho. Creo que esa articulación e intercambio de profesionales en distintas universidades nos va a ayudar en la reconstrucción de la Venezuela que hoy necesitamos», destacó.







