Ante la Pandemia del COVID-19, integrantes  de la Unidad de Acción Sindical y Gremial se Pronuncian

Los dirigentes sindicales y gremiales, José Elías Torres (CTV), Servando Carbone (UNETE ), Lourdes Ramirez  (FAPUV) y Víctor Márquez Corao (APUCV), integrantes de la Unidad de Acción Sindical y Gremial  se dirigen a sus agremiados, y a la nación en general,  para expresar su más profundo respeto y  solidaridad hacia el pueblo venezolano, al cual nos debemos. Respeto que para nosotros implica exigir y brindar  información que se ajuste a la verdad, a fin de que podamos entender la situación que padecemos,  los peligros que ello acarrea y las posibles soluciones.

 
José Elías Torres (CTV), Servando Carbone (UNETE ), Lourdes Ramirez  (FAPUV) y Víctor Márquez Corao (APUCV), integrantes de la Unidad de Acción Sindical y Gremial 

Fuente: Prensa APUCV


El 5 de julio de 2019 la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó  un informe sobre diversos aspectos que afectan los derechos sociales de los venezolanos, todos y cada uno de los cuales se han agravado de manera significativa.

Siendo el Derecho a la Vida el más importante de los derechos humanos,  el Estado,  estructura institucional creada por la sociedad para dar cumplimiento al Pacto Social, contenido en la Constitución, incumple con sus obligaciones  y desconoce    los derechos de los ciudadanos,  generando una crisis humanitaria compleja recogida en los informes de la  alta comisionada de las Naciones Unidas al señalar:

La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela, pues el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.  La situación económica y social sigue deteriorándose, pues  la economía, atraviesa un episodio hiperinflacionario  que  afecta la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales.

La escasez  de alimentos, y su elevado  precio,  se han traducido en  menor cantidad de comidas con menor valor nutricional, generando elevados índices de desnutrición. (Cáritas registró un 35% de desnutrición crónica en menores de 5 años,  atendidos desde junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados).

La situación sanitaria del país es al extremo grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicinas y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos médicos y el sistema sanitario, siendo alarmante la insuficiencia de  insumos de toda naturaleza en los centros públicos de salud.

*A este dantesco cuadro  se suma el menguado  ingreso de los  trabajadores. Este continúa deteriorándose y al día de hoy, incluyendo el bono de alimentación,  el salario mínimo  representa   $ 5,5 mensuales. Salario de hambre que además en  forma reiterada, vienen a violar los convenios Internacionales  de la OIT en  especial los Convenios 26, 87, 144.   señalado en forma contundente en el informe de  la Comisión de Encuesta de la OIT publicado para el Mundo, el 17 de Septiembre de 2019*

El desabastecimiento de combustible  afecta a la Capital,  como al resto del país. La falta de agua potable, gas y electricidad son carencias de las cuales igualmente padecemos. Todos los estratos sociales están  afectados, pero particularmente los más humildes.

Las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada.  Las ejecuciones extrajudiciales muestran el mismo patrón en la actuación de las FAES, revelando la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, siendo inaceptables las represalias por haber cooperado con el informe de las Naciones Unidas.

Es continuo el desconocimiento y la violación de la Libertad Sindical. La  persecución y detención de los  representantes de los trabajadores es una constante, como lo señala el informe de la Comisión de Encuestas de la O.I.T.

Continúa la persecución e ilegal  levantamiento de  la inmunidad  parlamentaria de los Diputados de la legítima Asamblea Nacional.

La Libertad de Expresión casi no existe por el control y acoso del régimen contra los medios de comunicación. La arremetida e intimidación contra los trabajadores de la prensa es constante y criminal, resultando preocupante las  acciones dirigidas aprobar una norma jurídica que tipificara como delito las actividades de las  organizaciones de Derechos Humanos.

Las universidades, con menguados presupuesto,  ahora son amenazadas por vía judicial  y particularmente en socavar su  autonomía.

En síntesis, estamos en un país donde se desconoce el estado de derecho.

Es en el contexto  antes descrito  que la pandemia del COVID-19 llega al país: Lo hace en el peor momento de su historia como producto de una gestión gubernamental que destruyó las bases de la República.

No deben ser entonces, quienes nos sumergieron en este caos, quienes  pretendan administrar los apoyos financieros, y de cualquier otra  índole,  que provengan del  exterior para enfrentar la Pandemia.

Nuestros Hospitales vienen necesitando insumos para atender   las emergencias de salud, ahora agravada  con la llegada del COVID-19. Carencias que han  venido denunciando  el Gremio Médico y las Organizaciones Gremiales y Sindicales del Sector Salud. Denuncias desatendidas también en relación con el brote de enfermedades que han reaparecido y que complican aún más el cuadro de la salud y la vida misma. 

Los sectores humildes siguen siendo  los más afectados. Ellos viven del día a día, teniendo que salir a la calle  para ganarse el sustento y por estar sometidos a la mal nutrición  serán los sectores más proclives a enfermar. Para ellos es difícil,  casi  imposible,  el aislamiento social, poniéndolos en la disyuntiva de morir por el COVID-19 o de morir por hambre de no dársele una  URGENTE solución a este drama.

Es responsabilidad de quienes usurpan el poder, proveer los recursos para la vida y asumir sus obligaciones, cesando en la política de acoso hacia  quienes exponen esta realidad.

Es hora de un gobierno de salvación nacional, cuyo fin esencial sea el  preservar la vida de los ciudadanos, recuperando todo lo destruido: el aparato productivo, el salario y  los sistemas de salud, educativo y de justicia. Gobierno que convoque a nuestras mejores capacidades, al margen de su ideología política. A las Academias Nacionales, a las Universidades, a los Sindicatos y Gremios, a las organizaciones empresariales, de Derechos Humanos y Religiosas.

Exhortamos al  Presidente Juan  Guaido a  que,  desde  la Asamblea Nacional, único y legítimo poder constituido,  haga  todos los esfuerzos a su alcance para conseguir la ayuda humanitaria. A presentar una propuesta que conlleve a su administración y control por instituciones con solvencia y credibilidad como lo es la Conferencia Episcopal Venezolana, la Academia Nacional de Medicina y otras Organizaciones existentes  en el País.

Será responsabilidad de quienes detentan ilegalmente el poder, el no permitir el acceso de esa ayuda humanitaria. Exhortamos al empresariado a hacer su mayor esfuerzo para contribuir  con adecuadas condiciones de apoyo para la salud y vida de sus trabajadores.

El costo social debe ser una responsabilidad compartida de los empleadores públicos y privados. Los gremios y sindicatos, deben  propiciar acciones y acuerdos diáfanos, que faciliten el superar esta dramática crisis por la que atraviesa el País, cuyo mayor afectado por su frágil condición social, es la clase trabajadora y su familia.

Salvar a Venezuela es URGENTE. Incorporémonos todos a salvar nuestra patria,

Venezuela tiene solución, vamos a ponernos de acuerdo.

 

(Preferimos decir la verdad al desnudo;

a asumir la mentira disfrazada de verdad).

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