Estudiantes de la ULA protestaron este lunes, 31 de enero, frente a la sede del rectorado para denunciar la precaria situación que viven docentes, trabajadores y obreros.
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De acuerdo con el trabajo «La promesa rota: el colapso de la seguridad social en Venezuela», elaborado por Prodavinci, un maestro en Venezuela tendría que vivir 612 años para recibir un monto similar al que aportó al Seguro Social durante 20 años de trabajo.
nte ese dato, Miguel Pizarro, comisionado especial para la Ayuda Humanitaria, denunció que los docentes venezolanos enfrentan condiciones laborales críticas.
«Salarios de hambre, derechos vulnerados por el régimen, inseguridad alimentaria, migración forzada e imposibilidad de acudir a médicos y adquirir medicinas por los altos costos de las mismas», señala Pizarro en su denuncia.
Asimismo, Pizarro citó información publicada por Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu), señalando que los docentes son víctimas de «salarios de hambre, derechos vulnerados por el régimen, inseguridad alimentaria, migración forzada e imposibilidad de acudir a médicos y adquirir medicinas por los altos costos de las mismas».
Ladeshu también advirtió, según indicó Pizarro, que el salario mínimo de los docentes en el país oscila entre los 8 y los 13 dólares mensuales.
«Tendrían que pasar 64 meses para que un docente que trabajara en una sola escuela pública pudiera costear una canasta básica de alimentos», alertó.
Denuncian política del Estado para empobrecer a trabajadores universitarios
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes publicó el pasado 29 de enero una nota de duelo, debido al fallecimiento del señor Antonio Suárez, quien trabajaba como vigilante en esa casa de estudios.
A propósito del suceso, los estudiantes de esa institución protestaron este lunes, 31 de enero, frente a la sede del rectorado para denunciar la precaria situación que viven docentes, trabajadores y obreros.
«Los universitarios están en situación de indigencia», expresaron, al tiempo que denunciaron la política del Estado para «reducirlos a la pobreza extrema»
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