Piden devolución de las nóminas e integridad de sus beneficios
Foto referencial / Universidad de Carabobo
Fuente: Prensa Vicerrectorado Administrativo Universidad de Carabobo
Ante el atropello sufrido por el personal docente, administrativo y obrero de las universidades nacionales la semana pasada, en ocasión del pago de sus respectivas nóminas, los vicerrectores administrativos de las casas de estudios superiores emitieron una declaración conjunta para clamar por sus derechos laborales.
Las autoridades universitarias representadas por José Ángel Ferreira (Universidad de Carabobo), Amalio Belmonte (Universidad Central de Venezuela), Tahís Pico (Universidad de Oriente), Arnaldo Escalona (Universidad Nacional Abierta), Manuel Aranguren (Universidad de Los Andes), Mazra Morales (Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre), Martín Paz (Universidad Nacional Experimental del Táchira), Edgar Alvarado (Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado), y José Luis Rondón (Universidad Pedagógica Experimental Libertador), denunciaron en su comunicado la modificación de los términos y condiciones de tablas salariales y demás beneficios que ha mantenido la comunidad universitaria, en algunos casos por décadas de vigencia en las universidades nacionales.
Señalan los vicerrectores que “es ampliamente conocido que existen beneficios derivados de la Normativa Laboral del Sector Universitario y de las actas y convenios internos particulares de cada universidad. Es así como, desde el año 2008 (con antecedentes de acuerdos federativos en el año 2004 y 2005), por mandato de lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en el marco de una Reunión Normativa Laboral para los Trabajadores Administrativos de las Universidades Nacionales e Institutos y Colegios Universitarios año 2008/2010, aprobada igualmente para el sector obrero, se estableció una prima de antigüedad calculada de acuerdo al número de años de servicio que tenga el trabajador: salario normal x 1,5% x N° de años de servicio en instituciones de educación universitaria”.
Explican que dicho beneficio se mantuvo en las mismas condiciones en las subsiguientes Convenciones Colectivas Únicas (I, II y III) del Sector Universitario iniciadas en el año 2013. Fue modificada en aumento su base de cálculo a partir del mes de Enero del año 2020, mediante instructivo emanado del MPPEU, estableciendo el “2% del salario normal multiplicado por los años de servicio en el Sistema de Educación Superior”. Asimismo, se mantuvo vigente en las mismas condiciones en el acta de fecha 28/07/2021, suscrita por el MPPEU, MPPPST y la FTUV, donde se aprobaron beneficios correspondientes a la IV Convención Colectiva Única del Sector Universitario, a partir del 01/08/2021.
Sin embargo, advierten los académicos que, en el reciente instructivo enviado por el MPPEU con base en directrices de la Onapre, luego del incremento salarial decretado por el Presidente de la República, con vigencia desde el 15/03/2022, “se obvia lo acordado en las referidas convenciones y se nos informa a través de los funcionarios del MPPEU, Opsu y Onapre, la modificación de la fórmula de cálculo cuando se establece que todo el personal con 23 o más años de servicio en instituciones de educación universitaria, recibirá una prima de antigüedad calculada de la siguiente manera: salario normal x 30% x 23 años, lo cual disminuye sustancialmente el ingreso mensual de los todos los trabajadores universitarios. Con esta decisión, insistimos, unilateral, se está estimulando el proceso de jubilación temprana y la desvalorización de la labor de todos los trabajadores universitarios, contribuyendo a la descapitalización del recurso humano vía renuncias”.
Así mismo, objetan la disminución o eliminación de otras primas provenientes de convenciones colectivas individuales anteriores para cada universidad y de la normativa interna de cada una de ellas, además de las presentes en la actual convención como la prima profesional y la de actividad universitaria.
En el comunicado expresan que lo expuesto, con respecto a las últimas decisiones del Ejecutivo en cuanto a modalidades y contenido de la cancelación de las quincenas, “produjo un caos inmenso que retardó de manera ostensible los pagos de la semana pasada en casi todas las nóminas de las universidades del país. A ello debe agregarse la sorpresiva modalidad de pago mediante cámara de compensación distinto a la Plataforma Patria, vía Banco de Venezuela. Esta novedad impidió que muchos trabajadores en la mayoría de las universidades no pudieran cobrar a tiempo, dado que quedaron sin validar numerosas cuentas que han sido corregidas progresivamente”.
Para los vicerrectores administrativos de las universidades nacionales, “al día de hoy vivimos una situación de incertidumbre, ya que los trabajadores universitarios no saben qué están cobrando, se cobra tarde, unos cobran en una fecha y otros en otra fecha. Aunado a todo lo planteado, existe el problema de los pagos de los aportes y retenciones de cajas de ahorro, casas comerciales, gremios y sindicatos, fondos de jubilaciones, Seguro Social obligatorio, régimen prestacional de empleo, Impuesto sobre la Renta, Banavih, pensiones alimentarias y otros, que no han sido enviados por el Ministerio de Educación Universitaria”.
En síntesis, las autoridades universitarias denuncian que “la Plataforma Patria ha traído desasosiego, desorientación, incertidumbre y para nada ha beneficiado a la comunidad universitaria del país. Es por ello que se hace evidente y necesario que se tomen acciones para corregir este procedimiento cuya ineficacia se ha comprobado y retornar al sistema que funcionaba, y que en términos de la autonomía de las universidades, nos corresponde por ley, siempre bajo la directriz del MPPEU”.
Con base en lo argumentado, los vicerrectores hacen un llamado claro, sincero y respetuoso para “la vuelta a la normalidad de los beneficios salariales que corresponden a los trabajadores universitarios; para que se respeten sus derechos humanos y laborales; para que se aplique la Constitución y la progresividad de los derechos de los trabajadores; para que en el marco de las reservas legales correspondientes actuemos juntos para consolidar un proceso de bienestar de los universitarios del país y con ello, para el beneficio del futuro de la nación”.
Finalmente, proponen unir esfuerzos para buscar soluciones a una situación que merece atención especial y en ese sentido, “es imprescindible juntar los equipos técnicos de las universidades y sus autoridades con los funcionarios del MPPEU, para construir una opción que permita solventar las actuales circunstancias, cuyas consecuencias son visibles y obviamente entorpecen el porvenir de los venezolanos”.